Análise: La Lucha de los Movimientos Sociales por el Derecho al Agua en El Salvador.

Por Rudis Yilmar Flores*

Una de las principales fuentes de vida en el planeta hoy en día sigue siendo objeto de discusión y de una amplia lucha de los movimientos sociales por el derecho al agua, la consagración como un derecho humano, bien público y recurso vital continua siendo la bandera de lucha en el siglo XXI. Esta lucha está estrechamente vinculada con la implementación de políticas económicas, comerciales, medioambientales, sociales que reducen la posibilidad del acceso, anteponiendo su valor como mercancía y la inserción de este recurso en las políticas privatizadoras impulsadas por el modelo neoliberal implementado desde la última década del siglo XX en la mayoría de países de América Latina.

En las múltiples cumbres y conferencias organizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se discute ampliamente sobre la necesidad del acceso al agua por la mayor parte de la población y se argumenta como un elemento indispensable para la existencia humana el acceso como un factor determinante para superar los viejos y endémicos problemas del capitalismo como son el hambre, la pobreza que conlleven a tener una vida digna haciendo énfasis en el derecho al agua como fundamental. Sin embargo es importante destacar que la mayoría de gobiernos contrario a lo discutido en las cumbres estimulan los procesos de privatización de los recursos hídricos por las corporaciones transnacionales y las presiones del Consejo Mundial del agua, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que empujan a la comercialización del agua vulnerando el derecho al medio ambiente, la salud la soberanía, la economía y la dignidad de los pueblos.

En la declaración de San Salvador por la defensa y el derecho al agua en el año 2003 las organizaciones y movimientos sociales de varios países de América latina dejaron constancia del total rechazo a los procesos de privatización de los recursos hídricos y servicios públicos en los países de la región así como también la denuncia de estos procesos financiados y facilitados por corporaciones transnacionales, organismos financieros internacionales, organismos multilaterales de comercio y los gobiernos nacionales.

En el caso de El Salvador es válido destacar que en los últimos tiempos se agrava el tema de las aguas contaminadas y la poca existencia del líquido potable para abastecer a la población salvadoreña. Xenia Marroquín, integrante del Foro del Agua, expresa que a pesar que el agua es un bien común está siendo explotada con fines lucrativos, lo cual violentaría el derecho humano al agua. Por tal razón le exigen al presidente de la republica de manera particular, que incida y promueva ante la Asamblea Legislativa para que se agilicen la aprobación de la ley del agua

Uno de los movimientos por la reivindicación del derecho al agua es la Mesa de Coordinación del   Foro del Agua que aglutina a casi una veintena de organizaciones entre ellas: Asociación Unida por el Agua y la Agricultura, Asociación de Consumidores de Ilopango. Asociación de sistemas autónomos de Agua Potable y Saneamiento, Asociación Madre Cría, Asesoría a Programas y Proyectos de Desarrollo, Centro para la Defensa del Consumidor. Etc.

Desde el 2006, el movimiento social ha elaborado dos versiones de la propuesta Ley de Aguas, junto con los legisladores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ninguna de las cuales ha conseguido el apoyo necesario para ser aprobada. La versión actual del proyecto de ley fue presentada por el Ministerio de Medio Ambiente, y se enfrenta a un asalto coordinado. Al mismo tiempo que la derecha lucha por incluir mecanismos de privatización en la legislación de dicho Ministerio, esas mismas fuerzas están presionando para reformar la legislación de privatización conocida como Ley de Asocio Público–Privado (APP), respaldada por los Estados Unidos, a fin de  incluir la administración del agua entre los sectores públicos abiertos a los contratos privados. Tanto el sector privado salvadoreño como el gobierno de EE.UU. tienen interés en liquidar la legislación que impide la privatización, en la medida en que hay cerca de 50 proyectos de agua presentados como parte del fondo de ayuda al desarrollo de la Corporación del Reto del Milenio (MCC), proyectos que habrán de ser otorgados a empresas privadas. Son los mismos fondos que la Embajadora de EE.UU., Mari Carmen Aponte condiciona a la aprobación previa de la Ley APP.

La ley general de aguas propuesta por el Órgano Ejecutivo al congreso tiene en su contenido medidas para proteger los recursos hídricos del país y una distribución del agua potable de forma equitativa entre la población, como se lee en la iniciativa. Por ejemplo, si los diputados lo aprueban, el agua sería declarada como un “bien nacional de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable”.

La lucha por el derecho al agua se libra en diferentes campos desde el nacional e internacional, político, económico y social. El Foro del Agua, es una coalición que cuenta con una vasta y diversa membresía entre los movimientos sociales, participan intensamente los comités comunitarios del agua, sindicalistas de los servicios públicos del agua, organizaciones de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, grupos de estudiantes de la Universidad Nacional y una serie de organizaciones sin fines de lucro que bloquean constantemente el tráfico en las principales vías de la ciudades, cantando “¡El agua es un derecho! ¡No es mercancía!”.

Frente a las amenazas de privatización del agua, una legislación que garantice la gestión pública del precioso recurso es más importante que nunca, se necesita una ley que promueva el derecho humano al agua y, sobre todo, que evite el paso a pocas manos de este vital líquido, de modo que la ANEP, la Asociación Nacional de Empresas Privada o las transnacionales no nos roben nuestra agua ya que el agua debe seguir siendo un bien público.

 

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*Rudis Yilmar Flores é sociólogo e professor da Universidad de El Salvador, San Miguel, C.A.

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